La gestión de gobierno que suscribió el compromiso, se caracterizó por una alta corrupción institucionalizada y daños a la justicia, donde ningún caso de corrupción de los denunciados fue objeto de sanción en los tribunales.
Este análisis se realizó en 19 países del hemisferio, mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima.
Con un promedio de 0.86 de tres puntos posibles, El Salvador presenta un escaso avance en la lucha anticorrupción.
Las regulaciones más desarrolladas en la región están asociadas a la transparencia en el financiamiento de campañas, los planes nacionales de gobierno abierto y las plataformas electrónicas para las contrataciones públicas.
El primer análisis que presentará el OCC se enfocará en el desarrollo normativo y jurisprudencial vigente que existe en los países de la región, así como la identificación de los avances legales para la lucha contra la corrupción, posteriores a la suscripción del Compromiso de Lima.
El ciclo de la incidencia política en el marco del OCC, propuestas y recomendaciones fue parte
de la información que conocieron los asistentes al taller.
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