En Chile, OCC revela avances y retos en la lucha anticorrupción

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Se observaron avances en términos de fortalecimiento a la gobernabilidad democrática, sobre transparencia, acceso a la información, pero se observa ausencia de un desarrollo de normativas que protejan los derechos de los individuos en materia de denuncias anticorrupción. En materia de financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales se destaca el reciente avance en el fortalecimiento de las reglas que regulan el funcionamiento, financiamiento y rol de los partidos y campañas electorales y en cuanto a compras y contrataciones públicas se considera que los procesos de compras tienen un buen marco en relación con la región, pero retrasado a las necesidades actuales del país.

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Chile, 27 de octubre 2021. Este día la organización Chile Transparente, Fundación Multitudes Espacio Público, Observatorio del gasto fiscal, Fast Check, Otros Cruces, Asociación Chilena de Voluntarios, Emilio Moya, Waleska Muñoz y la Academia de la Lengua y Cultura Mapuche, como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

Entre los hallazgos del informe se revela que Chile cuenta con autonomía constitucional e independencia en materia judicial, un marco regulatorio que busca promover el mérito y procesos abiertos en materia de empleo público, una amplia regulación sobre probidad administrativa y prevención del conflicto de interés, también contamos con reconocimiento constitucional de los principios de probidad y transparencia. Sin embargo, se observa ausencia de un desarrollo de normativas que protejan los derechos de los individuos en materia de denuncias anticorrupción, al igual que políticas y canales oficiales de denuncias, además del fortalecimiento del gobierno y participación digital para facilitar la lucha anticorrupción. 

Descarga el informe aquí: https://occ-america.com/chile/

Sobre financiamiento electoral, se destaca el reciente avance en el fortalecimiento de las reglas que regulan el funcionamiento, financiamiento y rol de los partidos y campañas electorales. En cuanto a compras públicas, los instrumentos existentes ponen el foco en las herramientas que previenen el mal uso de los recursos públicos; pero no se cuenta con herramientas que permita prevenir ni existen cláusulas que pongan el foco en la anticorrupción. Además, el sistema carece de un registro de beneficiarios finales de empresas proveedoras del Estado. 

En Chile no existe un marco jurídico que facilite la cooperación jurídica internacional en anticorrupción. Por otro lado, se observa la ausencia de mecanismos efectivos para recuperar activos de los hechos de corrupción.

Entre sus recomendaciones, la información recolectada muestra la necesidad de desarrollar normativas anticorrupción participativas, fortalecer la inteligencia del análisis de datos, promover mecanismos preventivos anticorrupción, delimitar los bienes producto de la corrupción; y, fortalecer el acceso equitativo al empleo público.

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al  fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.

Nota de prensa en inglés:

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Entre las conclusiones del informe, se señala que la corrupción está vinculada en primer lugar a las malas condiciones de trabajo en la administración pública, el no reconocimiento del mérito y la práctica recurrente del nepotismo.

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