OCC revela avances y retos para Colombia en la lucha anticorrupción

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La valoración del avance en el cumplimiento del Compromiso de Lima en Colombia registró un puntaje promedio de 1.53 puntos en una escala de 0 a 3, siendo cero lo más bajo y tres lo más alto.

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  • Uno de los principales hallazgos del informe revela que, a pesar de que el país cuenta con una amplia normativa para luchar contra la corrupción, existe una baja implementación de los mecanismos, canales, y políticas públicas que contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en la norma

Colombia, 27 de octubre de 2021. El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) en Colombia, conformado por diez Organizaciones de la Sociedad Civil presentan los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, con el propósito de mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas. 

Colombia cuenta con un marco normativo amplio para abordar la lucha contra la corrupción, sin embargo, hay varias brechas en la implementación de estas normas, en parte por la falta de capacidades técnicas, administrativas, financieras y de personal humano de las entidades involucradas en las estrategias anticorrupción a nivel nacional y territorial.

Descarga aquí el informe: https://occ-america.com/colombia/

Los principales avances y desarrollos encontrados en el seguimiento del OCC, están relacionados con la promoción y el uso de sistemas electrónicos para compras y contrataciones gubernamentales, el fortalecimiento a los órganos de transparencia y acceso a la información pública, la adopción de medidas que previenen los conflictos de intereses y la implementación de políticas y planes nacionales de gobierno abierto.  

Los retrocesos y debilidades se encuentran en la concentración del poder en cabeza del ejecutivo, la creciente vulneración de los derechos humanos que se ha venido dando en el país y la ausencia de normatividad referente a la protección de denunciantes, informantes y reportantes de actos de corrupción.

Además, preocupa la falta de voluntad política para abordar estos temas desde las herramientas de política pública de lucha contra la corrupción como la reciente “Política de Transparencia, Integridad, Legalidad, Corresponsabilidad, e Innovación: Hacia un Estado Abierto”, la cual no incluye medidas concretas para enfrentar la corrupción desde el enfoque de protección de Derechos Humanos o de inclusión de género.  Asimismo, en el proceso de discusión en el Congreso del Proyecto de Ley 341 de 2020 que busca reformar el Estatuto Anticorrupción, se eliminó el articulado que contemplaba la protección a denunciantes y quejosos de actos de corrupción. (Ver comunicados previos: sobre la Política Pública de Transparencia y protección a denunciantes)

A partir de la información recolectada las Organizaciones de Sociedad Civil participantes en este seguimiento, se hace un llamado al Gobierno colombiano para avanzar en la lucha contra la corrupción a partir de los siguientes aspectos:

  1. Retomar el Compromiso de Lima como instrumento de articulación de las medidas anticorrupción ya existentes en diferentes convenios internacionales.
  2. Fortalecer la implementación en el nivel local de las medidas de la lucha contra la corrupción.
  3. Garantizar la implementación de los desarrollos normativos, dado que la expedición de normas no es una medida suficiente para consolidar la lucha contra la corrupción.
  4. Promover la participación ciudadana en la construcción, discusión e implementación de las medidas anticorrupción.
  5. Garantizar la inclusión de la equidad de género y de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en las políticas públicas de lucha contra la corrupción.

Este análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al  fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.

Transparencia por Colombia, Ocasa, Transparencia en el Deporte, Asociación de Becarios del Casanare (ABC), Extituto de Política abierta, Funcicar, Red Universitaria Anticorrupción (RedUva), Corporación Región para el Desarrollo y la Democracia, Dialogo Democrático, y la Corporación Desarrollo y Paz De Córdoba y Urabá-Darién (CORDUPAZ).

Nota de prensa en inglés:

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Entre las conclusiones del informe, se señala que la corrupción está vinculada en primer lugar a las malas condiciones de trabajo en la administración pública, el no reconocimiento del mérito y la práctica recurrente del nepotismo.

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