Uruguay, 11 de noviembre de 2021. El Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), ColectivaMujeres, el Colectivo Trans del Uruguay (CTU) y la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción – Uruguay Transparente (UT), como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018 por los gobiernos de las Américas, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al  fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

Los hallazgos recogidos en el informe sobre Uruguay destacan positivamente las políticas de gobierno abierto, orientadas a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones del Estado. Asimismo, se registran avances en las políticas de fortalecimiento de la ciudadanía digital, como normativas y políticas públicas que han favorecido el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en Uruguay. Sin embargo, continúan pendiente el avance efectivo en normativa y políticas que garanticen la transparencia del funcionamiento de los partidos políticos, la rendición de cuentas de actores privados y el logro de mayor transparencia de las compras públicas.

Algunos de los compromisos analizados registran rezagos y estancamientos en el desarrollo e implementación de normativa que materialice lo comprometido en Lima. Niveles de desarrollo disímiles de políticas limitan la eficacia de las acciones. y las diferencias entre el desarrollo normativo y el financiamiento de las políticas públicas de combate a la corrupción ponen en riesgo su eficiencia y sostenibilidad. La limitada independencia de los órganos de contralor es un elemento revelador.

El informe indica la ausencia de acciones dirigidas a la incorporación de la perspectiva de género, tanto en el diseño institucional de las instancias de toma de decisión de políticas anticorrupción, como en el abordaje de la problemática establecido en los textos normativos y de política pública. Tampoco existe información sistematizada, actualizada y relevante sobre grupos en situación de vulnerabilidad frente a los delitos de corrupción, que permita proteger a las víctimas y testigos. Tampoco existen garantías para la seguridad de las personas denunciantes. El informe no identifica proactividad de los actores competentes en los procesos de cooperación jurídica internacional para la lucha anticorrupción.

A la luz de estos hallazgos, las organizaciones participantes del OCC en Uruguay recomiendan mejorar los sistemas de evaluación, monitoreo y rendición de cuentas de las políticas anticorrupción. El desarrollo de normativa que promueva la transparencia y rendición de cuentas del sector privado, así como la profundización de medidas implementadas por el Estado. Producir información pertinente para la comprensión y abordaje y de la problemática. Es imprescindible que, en su competencia, los tres poderes del Estado incorporen una perspectiva interseccional en el abordaje de la problemática y generen información sobre y para el reconocimiento de grupos en situación de vulnerabilidad frente a estos delitos para mejorar las políticas y normativa anticorrupción. 

Luego del cierre de este informe, se han denunciado varios casos sospechosos de corrupción que están siendo investigados por la justicia o por el Parlamento. También el Poder Judicial ha cerrado nuevos juzgados de paz, limitando la presencia del Estado en el territorio nacional y por tanto el acceso a la justicia de parte de la ciudadanía. 

Las organizaciones de la sociedad civil reunidas en el OCC demandan la creación de espacios de dialogo, veeduría y control social con la participación entre los actores estatales, la sociedad civil, la academia y los actores privados, para avanzar en la lucha contra la corrupción con el compromiso de toda la sociedad.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región. Cuenta con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Nota de prensa en inglés: