Se requieren avances más efectivos en la lucha contra la corrupción en las Américas, según informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción

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El OCC destaca que los gobiernos de la región siguen en deuda, con un mayor enfoque de género y el aumento de la participación de grupos en situación de vulnerabilidad.

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29 de octubre de 2021. La mayoría de los países de las Américas cuentan con amplio desarrollo a nivel constitucional, normativo y/o jurisprudencial para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no se han logrado avances suficientes para poner en práctica las medidas anticorrupción. Esta conclusión fue obtenida a partir del último balance del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) que recoge los resultados y recomendaciones específicas de 19 informes nacionales que han realizado las Organizaciones de Sociedad Civil que pertenecen a plataformas lideradas por los capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en la región y los puntos focales del Foro Ciudadano de las Américas (FCA), en cada país en el cual tuvo presencia el OCC y que han dado seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima suscrito por los gobiernos de la región en 2018 en la VIII Cumbre de las Américas.

Descarga el informe aquí: https://occ-america.com/informe-final-occ/

En el evento denominado “Logros y desafíos en el cumplimiento del Acuerdo de Lima: Una mirada desde la sociedad civil”, que se desarrolló este viernes 29 de octubre, se dio a conocer que los países analizados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción sólo logran un puntaje promedio de 1.17, en una escala que va desde 0 (correspondiente a desarrollo nulo de las medidas contenidas en el Compromiso de Lima, hasta 3, que significar un desarrollo alto). Esta calificación se sustenta en que el 64% de los indicadores normativos usados por el Observatorio tuvieron una respuesta positiva respecto a la existencia de legislación anticorrupción, sin embargo, “sólo el 43% de los indicadores de práctica tuvieron respuestas afirmativas en cuanto a evidencia de implementación efectiva de la norma”.

En el informe, el OCC destaca que los gobiernos de la región siguen en deuda, con un mayor enfoque de género y el aumento de la participación de grupos en situación de vulnerabilidad en la formulación y puesta en marcha de políticas y estrategias anticorrupción, tema incorporado de manera inédita en el Compromiso de Lima. Igualmente, el Observatorio resalta niveles de rezago en materia de acceso efectivo a la información pública, mecanismos de protección a denunciantes, y cooperación internacional para la lucha contra la corrupción. En contraste, se evidencian avances generales respecto a regulación sobre financiamiento de campañas, sistemas electrónicos de compras públicas, declaraciones de bienes y rentas, y planes de gobierno abierto.

Por tanto, el informe derivado de este trabajo de investigación logró traer perspectivas multidimensionales al análisis del tema; compartir y generar nuevos conocimientos para ampliar la comprensión sobre el fenómeno de la corrupción y tener elementos para evaluar la gestión de los gobiernos en el tema.  También permitió desarrollar escenarios colaborativos y de incidencia desde la sociedad civil.

Es preciso destacar que tras un año de trabajo el OCC ha logrado concluir con más de 400 recomendaciones para reformas de política pública anticorrupción y dos Balances Regionales – uno normativo y otro general –  y se posiciona como una masa crítica de diagnósticos y llamados a la acción sobre la lucha contra la corrupción en nuestra región desde la propia sociedad civil, con perspectiva de derechos humanos, géneros, diversidad, inclusión e interseccionalidad.

A partir de la presentación de este balance desde la mirada de la sociedad civil, se desarrolló un panel de reflexión que contó con la participación de María Barón, Directora Ejecutiva Global de Directorio Legislativo; Rolando Ruiz Rosas Cateriano, Director de Organismos y Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú; Diana Posada Solís, Viceministra del Ministerio de Justicia y Paz, República de Costa Rica y la moderación de Gina Romero, Directora Ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD).

Además, el evento virtual permitió generar la reflexión sobre la lucha anticorrupción de la región, mediante las ponencias magistrales de la Presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio y la intervención de Enrique de Obarrio, Coordinador General de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad).

También participaron en el evento Samuel Rotta, Director Ejecutivo de Proética; Gerardo Andrés Hernández Montes, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia; y Moira Vargas, Directora Ejecutiva de la Fundación Construir.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.

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Entre las conclusiones del informe, se señala que la corrupción está vinculada en primer lugar a las malas condiciones de trabajo en la administración pública, el no reconocimiento del mérito y la práctica recurrente del nepotismo.

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