Brasil, 28 de octubre de 2021. Transparencia Internacional – Brasil y ANDI Comunicação e Direitos publicaron un análisis inédito sobre la implementación del Compromiso de Lima por parte del país. El informe «La lucha contra la corrupción en Brasil: un seguimiento de la transparencia pública, la gobernanza democrática, la financiación de las campañas electorales y la cooperación jurídica internacional» señala que Brasil no ha avanzado satisfactoriamente en los compromisos internacionales de prevención y lucha contra la corrupción.

El Compromiso de Lima, firmado por los jefes de Estado de 34 países durante la VIII Cumbre de las Américas del 2018, considera que la lucha contra la corrupción es una parte fundamental del fortalecimiento de la democracia, además de asociarla a otros importantes planteamientos sociales, como la igualdad de género y la inclusión de grupos vulnerables. El análisis forma parte del proyecto Observatorio Ciudadano de la Corrupción, una iniciativa en la que participan Organizaciones de la Sociedad Civil de 19 países para supervisar el cumplimiento de estos compromisos.

El informe extrae 19 de los 57 compromisos firmados por los países signatarios y los divide en cinco ejes temáticos: 1) Fortalecimiento de la democracia; 2) Transparencia, acceso a la información, protección de los denunciantes y derechos humanos, incluida la libertad de expresión; 3) Financiación de las campañas electorales; 4) Prevención de la corrupción en la contratación pública; y 5) Cooperación jurídica internacional. Los avances o retrocesos se evaluaron y puntuaron en una escala de 0 a 3, donde tres indica el mejor resultado y cero el peor.

El diagnóstico señalado por el informe, muestra que Brasil está por debajo de lo deseable, con una puntuación media global de 1,52 (en una escala que va de 0 a 3). La evaluación sitúa al país en un contexto de «progreso nulo » e indica que la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia pública y el fortalecimiento de los principios e instituciones democráticas no forman parte de la agenda de prioridades del actual gobierno.

Sobre la evaluación – El análisis de la implementación del Compromiso de Lima en Brasil indica que los compromisos relacionados con la transparencia, el acceso a la información, la protección de los denunciantes y los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, fue donde el país obtuvo la peor puntuación (1,1 en una escala que va de 0 a 3), lo que demuestra que aún faltan medidas elementales para el fortalecimiento institucional de la lucha contra la corrupción, como la tipificación penal de los actos de corrupción, el fortalecimiento y la autonomía de los órganos de control y la implementación de medidas y legislación sólidas para la protección de los denunciantes.

«El seguimiento del Compromiso de Lima muestra que hemos avanzado poco y sufrido muchos retrocesos en los últimos años. Los compromisos que proponen iniciativas de extrema importancia para la lucha contra la corrupción -como la independencia y autonomía de los órganos de control, la tipificación de los actos de corrupción, la protección de los denunciantes y la elaboración de estadísticas que permitan evaluar el desempeño de las políticas de transparencia y anticorrupción- están entre los que obtuvieron la menor puntuación en nuestro monitoreo, por ejemplo», confirma María Domínguez, investigadora de Transparencia Internacional – Brasil.

Otro factor determinante para la baja puntuación del país son las constantes amenazas y violaciones a la Ley de Acceso a la Información (LAI) y los bajos niveles de transparencia que presenta el gobierno federal. En los últimos años, se han producido ataques sistemáticos al derecho de acceso a la información y a la transparencia pública en Brasil, que se agravaron aún más en el contexto de la pandemia de Covid-19. La imposición del secreto, la emisión de Decretos y Medidas Provisionales que limitan la transparencia de los datos públicos, así como las amenazas y ataques a la sociedad civil y a la prensa, corroboran también las cifras señaladas por el informe.

La evaluación de los compromisos relacionados con la cooperación jurídica internacional fue la que mejor puntuación obtuvo el país, con una media de 2,2. Sin embargo, en general, se puede comprobar que los resultados de Brasil en el cumplimiento de los compromisos anticorrupción fueron, en el mejor de los casos, medios, no alcanzando la máxima puntuación en ninguno de los ejes temáticos.

Transparencia Internacional – Brasil ha venido denunciando los retrocesos de Brasil en la lucha contra la corrupción en varios otros informes, entre ellos «Brasil: Retrocesos en los marcos legal e institucional anticorrupción«, publicado originalmente en 2019 y actualizado a finales de 2020. Además de la grave pérdida de independencia de los órganos de control, los resultados de estos informes señalaron las acciones del gobierno federal, junto con los poderes Judicial y Legislativo, que fueron obstáculos en la lucha contra la corrupción.

«Transparencia Internacional – Brasil ha denunciado sistemáticamente los graves retrocesos en la lucha contra la corrupción que ha sufrido el país en los últimos años. La evaluación del Compromiso de Lima no hace sino reforzar este escenario. La lucha contra la corrupción, que fue la bandera de gran parte de la clase política elegida en los últimos años, no se ha transformado en medidas concretas para atajar el problema.

El gobierno no apoyó ningún programa eficaz de reforma anticorrupción ni lo aprobó el Congreso. Por el contrario, hubo graves retrocesos institucionales y legales, como la pérdida de independencia de los órganos de control y la aprobación de la nueva Ley de Improcedencia Administrativa, mientras que el avance del autoritarismo, con crecientes ataques a los periodistas y a la sociedad civil, amenaza otro frente esencial en la lucha contra la corrupción: la producción de información de interés público y el control social», dice Nicole Verillo, Gerente de Incidencia y Apoyo Anticorrupción de Transparencia Internacional – Brasil.

Recomendaciones – Entre sus recomendaciones, el informe propone medidas concretas derivadas del seguimiento realizado en cada uno de los países. En el caso de Brasil, muchas de las propuestas abordan los retos a los que se enfrenta actualmente el país en el contexto de los retrocesos en su marco institucional y legal, especialmente en la lucha contra la corrupción.

En el compromiso sobre el «Fortalecimiento de la autonomía e independencia judicial», por ejemplo, el informe propone que se garantice «la independencia y autonomía de los órganos de control e investigación, así como del Poder Judicial» y, para ello, entre las recomendaciones, dirige el respeto a la «independencia institucional y funcional de los miembros del Ministerio Público Federal, incluso de la actuación independiente de la Fiscalía General de la República». En sus últimos informes, Transparencia Internacional Brasil también ha destacado el preocupante debilitamiento de los órganos de control e investigación que se está produciendo en el país. El nombramiento del fiscal general, Augusto Aras, por parte del presidente de la República Jair Bolsonaro, por ejemplo, se hizo 

para dos mandatos sin respetar la triple lista elaborada por el Consejo Nacional del Ministerio Público, una tradición destinada a garantizar la independencia de la OPG.

Por último, en el eje sobre transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, en el que Brasil obtuvo la peor puntuación, una de las 

recomendaciones del informe también toca un problema muy actual y espinoso: según otro estudio elaborado por Transparencia Internacional, el Barómetro Global de la Corrupción 2019, el 69% de las personas creen que pueden sufrir represalias si denuncian casos de corrupción. Respondiendo al problema y proponiendo garantizar la protección de los denunciantes de casos de corrupción, el informe recomienda que Brasil a) cree e implemente una política pública de protección de los denunciantes de casos de corrupción que implique la protección contra represalias, así como el anonimato y la confidencialidad, entre otros mecanismos de protección; b) fortalezca los canales de denuncia de casos de corrupción en el gobierno federal y en los gobiernos subnacionales, incluyendo los canales digitales que garanticen el anonimato; y c) promueva mejoras en la Ley Nº 13.608/2018, que regula la recepción de denuncias de corrupción.

Acceda al informe completo, así como a sus recomendaciones para cada compromiso, en: https://occ-america.com/brasil/

Acerca de Transparencia Internacional – Brasil – Transparencia Internacional es un movimiento global con un propósito común: construir un mundo en el que los gobiernos, las empresas y la vida cotidiana de las personas estén libres de corrupción. Actuamos en Brasil para apoyar y movilizar a los grupos locales de lucha contra la corrupción, producir conocimientos, sensibilizar y comprometer a las empresas y los gobiernos con las mejores prácticas mundiales de transparencia e integridad, entre otras actividades. La presencia mundial de TI nos permite abogar por iniciativas y leyes anticorrupción y garantizar que los gobiernos y las empresas las cumplan efectivamente. Nuestra red también significa colaboración e innovación, lo que nos da condiciones privilegiadas para desarrollar y probar nuevas soluciones anticorrupción.

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