Guatemala, 19 de octubre de 2021. Este día, Acción Ciudadana, Capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) punto focal del Foro Ciudadano de las Américas (FCA), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad (REDNAC-TP), como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. 

Descarga el informe aquí: https://occ-america.com/guatemala/

A continuación, un resumen de los principales hallazgos de los compromisos evaluados para Guatemala: 

Fortalecimiento a la Gobernabilidad Democrática: El informe revela que no existen avances para fortalecer la gobernabilidad democrática del país, todo lo contrario, la falta de independencia judicial, el cierre de espacios para las organizaciones civiles, las reformas a la Ley de ONGs y la inexistencia de políticas anticorrupción, son la base para el bajo puntaje del país (0.63 de 3 puntos), colocando a Guatemala junto a países como Nicaragua, Venezuela, Honduras y el Salvador, países que comparten un deterioro en sus democracias. 

Transparencia, acceso a Información y protección al denunciante: Marcada tendencia a la opacidad, poco respeto a la Ley de Acceso a Información Pública, criminalización a grupos ciudadanos que realizan auditoría social, ataque sistemático a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (entidad garante del Acceso a Información Pública) e inexistencia de una ley que proteja a denunciantes, testigos e informantes de corrupción, fundamentan el puntaje de 0.42 sobre 3 puntos que evidencia retrocesos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.  

Financiamiento de Organizaciones Políticas y Campañas Electorales: Este mandato obtiene una puntuación de 0.94 sobre 3. Aunque se valoran algunas reformas en materia de control al financiamiento de campañas políticas, su implementación ha sido parcial y prácticamente inútil para frenar el ocultamiento del financiamiento ilícito o irregular. La debilidad del órgano electoral en términos de independencia e incluso retrocesos en la implementación de controles y regulaciones, siguen siendo tareas pendientes a superar. 

Prevención de la Corrupción en Obras Públicas, Contrataciones y Compras Públicas: Con una calificación de 1 sobre 3 puntos, este compromiso tampoco muestra avances significativos. El sistema electrónico de compras y contrataciones (Guatecompras) continúa siendo una vitrina que ofrece información relevante, pero sin llegar al objetivo de convertirse en una plataforma transaccional. Prácticamente, son inexistentes las cláusulas anticorrupción en las contrataciones del Estado, siendo las obras públicas una de las áreas más afectadas por el fenómeno de corrupción. 

Cooperación Jurídica Internacional; Combate al Cohecho, al Soborno Internacional, al Crimen Organizado y al Lavado De Activos; y Recuperación de Activos: Este es el único mandato que muestra avances y la mejor nota (1.4 sobre 3 puntos). Los esfuerzos investigativos realizados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dirigida en su momento por Juan Francisco Sandoval, han permitido investigar y juzgar casos de corrupción transnacional y, además, propiciar el embargo preventivo y la extinción de dominio de bienes obtenidos producto de la corrupción. Lamentablemente, la destitución de Sandoval impactará negativamente en el avance del mandato, dejando en entredicho el compromiso del Estado de combatir frontalmente la corrupción en Guatemala. 

Entre las principales recomendaciones del informe destacan:

• Garantizar la autonomía e independencia judicial y fiscal para promover el Estado de Derecho y el acceso a la justicia en casos de corrupción. 
• Garantizar la participación de grupos vulnerables con criterios de equidad e igualdad de género, etnia y participación de grupos vulnerables en la construcción de políticas anticorrupción. 
• Garantizar el acceso a información pública y la auditoría social para que esta no sea criminalizada como ha venido sucediendo. 
• Garantizar la independencia política y financiera de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (garante del Acceso a Información Pública del país) y el traslado de los fondos que se la adeuda a dicha entidad. 
• Fortalecer las medidas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas de organizaciones y partidos políticos. 
• Fortalecer los sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas a una plataforma transaccional para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas.
• Garantizar la independencia fiscal y el seguimiento de las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y los procedimientos de cooperación internacional y extinción de dominio. 

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.

Nota de prensa en inglés: