“Las acciones del Gobierno, no sólo no contribuyen a la lucha contra la corrupción en el país, sino que criminalizan la participación de la ciudadanía”. 

Nicaragua, 13 de octubre de 2021.  El Escenario Nacional en Nicaragua del Foro Ciudadano de las Américas (FCA) junto con el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) presentan los resultados del informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018. 

Pese a que el gobierno de Nicaragua no asistió ni suscribió los acuerdos adoptados en la VIII Cumbre de las Américas, un grupo de la Sociedad Civil con amplia trayectoria en legislación, políticas públicas y veeduría hizo un seguimiento a su cumplimiento. Asimismo, este análisis se realizó en 19 países del hemisferio, mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima.

Aquí el informe: https://occ-america.com/nicaragua/

El informe hoy presentado es un análisis de la corrupción, de abril de 2018 a mayo de 2021, que no pierde de vista el contexto de inestabilidad de Nicaragua, marcado por de violaciones a los derechos humanos, supresión de libertades, personas presas políticas, represión contra la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas, cierre de ONG, pandemia de COVID-19, y proceso electoral.

Entre los hallazgos del informe se revela que:

• A pesar que existen normativas y procedimientos para transparentar estos procesos de compras y contrataciones públicas, las mismas son anteriores al 2018 y, en la práctica, se encuentra muy poca información en los portales de instituciones gubernamentales que permita dar un seguimiento apropiado.
• La temática de gobernabilidad democrática aparece con el puntaje más bajo. En el capítulo del Contexto se hace una amplia referencia a las constantes violaciones de los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Entre sus recomendaciones, la información recolectada muestra que cuando ocurra un cambio significativo en el gobierno, pueda revisarse el marco legal y de políticas públicas, a nivel normativo: es necesario avanzar con aspectos como confidencialidad en la búsqueda de información pública, protección a las personas denunciantes, autonomía política y financiera de todas las instancias involucradas en la investigación, acusación y judicialización de los casos de corrupción. Desde las políticas públicas contra la corrupción, debe regresar el poder a la ciudadanía, al periodismo independiente y a las organizaciones sin fines de lucro, que permitirán pasar de la instrumentalización de la corrupción para la cacería de personas opositoras a alcanzar una sociedad más justa y que brinde garantías de competitividad a los sectores económicos. 

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al  fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.