- Los resultados de esta investigación reflejan un deterioro de la autonomía e independencia de las instituciones de control que promueven, investigan, y sancionan la corrupción.
El Salvador, 7 octubre de 2021. Este jueves la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), capítulo nacional de Transparencia Internacional, junto con la Asociación Salvadoreña para la Formación y Capacitación Integral Sostenible (ASAFOCAIS), Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE), Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ), Asociación por un Futuro Abierto, Jóvenes Iberoamericanos, Mentes Jóvenes, Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), y la Plataforma Verdad a Domicilio, como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe nacional de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.
El informe revela retrocesos en materia de lucha contra la corrupción en El Salvador, tras acciones como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República por parte de la Asamblea Legislativa, el control del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), las propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública presentadas ante la Asamblea Legislativa, la finalización del Convenio con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador , y más recientemente la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, lo confirman.
En ese sentido, existen grandes desafíos para avanzar en la ruta de la transparencia y la rendición de cuentas en el país centroamericano, donde es urgente . contar con instituciones de control autónomas e independientes para la promoción, investigación, y sanción de la corrupción. La rendición de cuentas debe considerarse como un elemento indispensable de la gestión pública; los funcionarios deben respetar y cumplir con la legislación vigente, como, por ejemplo: la presentación en tiempo y forma de las declaraciones patrimoniales. A la fecha hay un número significativo de funcionarios de la actual gestión que no han presentado sus respectivas declaraciones.
La información recolectada por el OCC muestra la necesidad de trabajar activamente en la construcción de una agenda anticorrupción que permita cumplir con los diferentes compromisos suscritos a nivel internacional. En general, se recomienda respetar la separación y balance de poderes que permita el fortalecimiento democrático; el respeto a la independencia y autonomía judicial; el fortalecimiento de las instituciones de control, entre ellas el IAIP; incluir a los grupos vulnerables en las políticas anticorrupción, que han sido excluidos en la construcción de las políticas de transparencia; y avanzar en la fiscalización del financiamiento y la rendición de cuentas de los partidos políticos. De igual forma, se recomienda la sostenibilidad de las acciones que permitan la reducción de la burocracia y los trámites en la administración pública, y continuar de forma coordinada las acciones de extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción, acciones valoradas de manera positiva por el OCC.
El informe se realizó mediante la identificación y análisis de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.
El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.
Para más información contactar a: Carmen Cubas
Comunicaciones FUNDE
Teléfono: 2209 – 5300
Nota de prensa en inglés
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