Conectadas a través de medios electrónicos y redes sociales, Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanía de América Latina participaron en el lanzamiento del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), cuyo propósito será hacer seguimiento al cumplimiento de mandatos adquiridos por los Estados y los gobiernos de la región en materia de lucha anticorrupción.
El evento contó con la participación de organizaciones partícipes del Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), los capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en las Américas, y personas interesadas en promover la lucha contra la corrupción en la región.
Durante el lanzamiento tuvieron una intervención especial Enrique de Obarrio, coordinador general de la Redlad, y Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional.
Enrique de Obarrio expuso sobre la visión y labor que se espera del OCC y su aporte a la construcción colectiva de condiciones de transparencia en América Latina y el Caribe. “El OCC nace en una coyuntura compleja en el continente, con tensiones políticas y liderazgos tóxicos que amenazan al sistema democrático, por lo que es una labor titánica y debemos generar sinergias para tener éxito en combatir la corrupción con efectividad; permitirá involúcranos a todos los sectores para evitar ser indiferentes e indolentes, generando sinergias que permitan poner luz donde hay oscuridad y apuntalar a la democracia plena como una forma de vida”, precisó.
De Obarrio destacó que el papel del OCC será fundamental para evaluar el cumplimiento de los Estados con la lucha anticorrupción, y exigir resultados concretos. “Es tan real y devastador el impacto de la corrupción, que debemos sancionar a todos los involucrados, tanto al que recibe el soborno como a quien lo paga, y estar conscientes que no es admisible que los ciudadanos seamos apáticos ante los actos corruptos; es un tango que bailan tres: el corrupto, el corruptor y el ciudadano indiferente, y eso no puede seguir así”, planteó el coordinador general de la Redlad.
Del mismo modo, Delia Ferreira señaló que está orgullosa que los capítulos nacionales TI en América Latina sean la columna vertebral del OCC, porque desde la base de los países se podrán plantear cuáles son los retos y los desafíos de la sociedad civil en la lucha anticorrupción en la región. “Según los datos del Barómetro Global de la Corrupción, en las Américas el 77% de los ciudadanos creen que es posible cambiar la dramática situación de la corrupción que acaece en sus naciones, si existe una activa participación de las organizaciones de la sociedad civil y un involucramiento efectivo de la ciudadanía, por lo que el rol de los capítulos de TI en el marco del OCC será fundamental”, puntualizó.
Subrayó que “en la actualidad, ya el discurso oficial y el compromiso que hacen los gobiernos no es suficiente, las palabras no son suficientes para combatir la corrupción. Se hace necesario impulsar procesos de incidencia ante los tomadores de decisiones para que pasen a la acción, mediante la formulación e implementación de políticas públicas que promuevan la transparencia, rindan cuentas y combatan de forma concreta la corrupción”.
Ferreira, quien es de nacionalidad argentina y preside TI desde 2017, reflexionó en torno a que en los últimos años “la corrupción en América Latina en lugar de haber disminuido, ha aumentado” y pese a compromisos oficiales adoptados por los Estados, como los de la VIII Cumbre de las Américas celebrada del 13 al 14 de abril de 2018 en Lima, Perú, no se han observado “avances significativos”; al contrario, “han existido eventos como los de la pandemia del coronavirus COVID-19, que han permitido a la clase gobernante utilizar la crisis sanitaria como excusa para el aceleramiento de todas las tendencias de corrupción”.
Destacó además, que “la concentración y abuso de poder, la restricción de libertades individuales, el bloqueo a acceso a información pública, la imposición de obstáculos a los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción, el uso reiterado de la figura de compras de emergencia y la ausencia de procesos competitivos y transparentes de compras y adquisiciones de bienes y servicios, son condiciones ideales para la comisión de actos al margen de la Ley, propensos a la corrupción y que facilitan el enriquecimiento ilícito. Todo esto debilita el Estado de Derecho”.
Uno de los objetivos del OCC será sensibilizar a la sociedad civil y actores clave de la región para que coadyuven a que los Estados cumplan los compromisos derivados de instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción, con énfasis en el Compromiso de Lima, adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio en la VIII Cumbre de las Américas de 2018.
De igual manera, el OCC promoverá la participación de la ciudadanía para crear conciencia sobre el daño que la corrupción provoca a la población, muy especialmente a los más vulnerables, y la necesidad de monitorear e informar sobre la gestión estatal en combatirla a través de políticas públicas pertinentes, efectivas y sostenibles.
Al respecto, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, quien forma parte del comité que dirige el proyecto que ejecuta las acciones del OCC, dio a conocer que “el Observatorio operará en por lo menos 15 países de la región y desarrollará actividades de investigación, capacitación, campañas comunicacionales y procesos de incidencia ante tomadores de decisión, con el fin de lograr medidas más efectivas en la lucha contra la corrupción en la región”.
Hernández informó que “entre los resultados a obtener por el OCC, se encuentran la elaboración de 20 informes nacionales y cinco regionales con perspectiva temática y poblacional sobre el cumplimiento de compromisos estatales en la lucha contra la corrupción en las Américas y su efectividad; así como brindar tres mil horas de capacitación en diferentes temas de interés para las organizaciones de la sociedad civil de la región; e involucrar a más de 600 organizaciones de la sociedad civil participando activamente en diferentes actividades de lucha contra la corrupción”.
En el caso particular del Compromiso de Lima, el OCC, evaluará en cada uno de los países que participan en la iniciativa, 19 compromisos de los establecidos en esa declaración suscrita por los Estados en la Cumbre de las Américas y priorizará el seguimiento y monitoreo de mandatos relacionados con: 1) Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; 2) Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; 3) Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; 4) Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas, y, 5) Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado, al lavado de activos y recuperación de activos.
PANEL DE EXPERTOS
La jornada de lanzamiento del OCC incluyó la realización de un panel de expertos que fue moderado por
Gina Romero, directora ejecutiva de Redlad. En este conversatorio participaron: Evelyn Villarreal Fernández, coordinadora de Investigación del Programa Estado de la Nación; Natasha Jiménez, coordinadora general del Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos (MULABI) y representante del Foro Ciudadano de las Américas; y el embajador Rolando Ruiz Rosas Cateriano, director de Organismos y Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
La costarricense Evelyn Villarreal Fernández, indicó que “una de las principales afectaciones de la corrupción es el debilitamiento de la democracia y del Estado de Derecho en la región.. En este período de pandemia y pospandemia, los gobiernos de la región van a estar muy presionados en sus presupuestos dirigidos hacia otras prioridades y es previsible que empiecen a afectar recursos para el andamiaje de control de la corrupción, que ya antes de la pandemia estaba muy limitado”.
Por su parte, la reconocida experta y activista trans e intersex, Natasha Jiménez, expresó que “los gobiernos deben realizar los máximos esfuerzos e identificar las víctimas y tomar las medidas adecuadas para la reparación”. En su opinión, las formas cotidianas de discriminación se suman a las formas cotidianas de corrupción. La consideración de la centralidad de las víctimas de la corrupción forma parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación de las prácticas, políticas y estratégicas para sancionar y combatir la corrupción, considerando la igualdad, rendición de cuentas, transparencia y participación”.
De la misma manera, el embajador Rolando Ruiz Rosas manifestó que la participación de la sociedad civil, además de innovadora, es fundamental para alcanzar los objetivos en la lucha contra la corrupción, por lo que el lanzamiento del OCC contribuye a “focalizar desde sociedad civil para tener una lucha más eficaz , porque la cantidad de elementos y componentes que pueden ser atendidos es enorme.
Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de TI, reseñó lo acaecido en el panel de expertos planteando que “la lucha anticorrupción tiene una dimensión política que es muy importante y que solemos perder de vista. La narrativa anticorrupción es capturada muy fácilmente por discursos encendidos y radicales. Esta demagogia anticorrupción necesita ser combatida, vacunarnos contra ella y la forma de hacerlo es con estos diálogos técnicos, objetivos y con actores distintos”.
Finalmente, Michael Kosak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en representación del Departamento de Estado de los Estado Unidos de América, a través de un video institucional dio un mensaje en el cual destacó el papel de la sociedad en la lucha contra la corrupción en el continente americano. “El trabajo del Observatorio es vital para que gobiernos y ciudadanos trabajen juntos en la integridad de los sistemas democráticos”, apuntó Kosak.
https://mobile.twitter.com/OCCAmerica/status/1332020662806908928
